

La provincia de Buenos Aires, como muchas otras jurisdicciones, cuenta con un Código Electoral que regula la campaña política. Sin embargo, estas normas fueron diseñadas en una época en la que las redes sociales y la IA generativa no eran protagonistas del debate público. El resultado es que hoy nos enfrentamos a vacíos legales que podrían ser aprovechados para desinformar, manipular o distorsionar la voluntad popular.
Medidas urgentes y campaña limpia
El avance de estas tecnologías conlleva también fenómenos preocupantes como los deepfakes, la microsegmentación y la manipulación de datos. Los “deepfakes” son contenidos que modifican la voz, el rostro o el cuerpo de una persona para simular situaciones que nunca ocurrieron. Otro, menos visible pero igualmente grave, es la microsegmentación abusiva de mensajes políticos, que utiliza datos personales o sensibles para enviar contenidos diferentes a cada grupo, sin control ni transparencia, lo que dificulta el debate democrático abierto y plural. Existe el riesgo cierto de manipulación de datos biométricos, que son parte de nuestra identidad física y digital.
Por eso, desde la cámara de diputados de la Nación, propusimos que la Provincia, en coordinación con la Junta Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Provincial de Innovación Digital, adopte medidas concretas para garantizar la transparencia y la integridad de la propaganda electoral. Entre ellas, planteamos:
Etiquetar de forma clara y visible todo contenido generado o manipulado con IA, indicando la tecnología utilizada.
Prohibir expresamente los deepfakes y cualquier manipulación de imagen, voz o datos biométricos con fines electorales.
Regular la microsegmentación de mensajes políticos, exigiendo consentimiento informado de los destinatarios.
Crear un registro público de modelos y herramientas de IA empleados en campañas provinciales.
Implementar un sistema de denuncias ciudadanas y un repositorio digital con las decisiones sobre remoción o mantenimiento de contenidos.
Desarrollar programas de alfabetización digital electoral, para que la ciudadanía pueda identificar, comprender y denunciar el uso engañoso de estas tecnologías.
Estas medidas no son un capricho. Ya se aplican en otras democracias. Brasil, por ejemplo, incorporó este año una resolución pionera de su Tribunal Superior Electoral que establece el etiquetado obligatorio, la prohibición de manipular imagen o voz de personas y la creación de repositorios públicos de decisiones sobre propaganda digital. La experiencia brasileña demuestra que la prevención temprana y la claridad normativa son claves para evitar campañas sucias amplificadas por algoritmos.
IA: oportunidad y amenaza democrática
En el Congreso Nacional estamos trabajando en un marco regulatorio para el uso de IA en propaganda electoral. Pero la lucha contra la desinformación debe ser simultánea en todos los niveles de gobierno. Armonizar la normativa nacional y provincial no solo brinda seguridad jurídica a partidos, candidatos y electores, sino que también fortalece la confianza pública en las elecciones. La coherencia legislativa es fundamental para cerrar cualquier vacío legal que pueda ser explotado con fines antidemocráticos.
La democracia no es un estado permanente: es una construcción colectiva diaria que requiere transparencia, reglas claras y compromiso ciudadano. La tecnología no puede convertirse en un atajo para vulnerar derechos ni en un arma para manipular voluntades. Regular con responsabilidad no frena la innovación: la fortalece. Anticipar riesgos y empoderar a las personas son pasos esenciales para que la IA sea una herramienta al servicio de la verdad y no de la mentira, fortaleciendo la construcción de ciudadanía.
El desafío es grande, pero no podemos postergarlo. La velocidad con que avanza la inteligencia artificial exige respuestas ágiles y responsables. Cuidar la integridad de las elecciones es cuidar la esencia misma de nuestra vida democrática. La política, la justicia, la academia, los medios y la sociedad en su conjunto debemos actuar ahora. La democracia también debe defenderse en el mundo digital. La transparencia electoral en la era digital no es una opción: es una obligación ética y republicana.